Cuando el público británico se enteró el año pasado de que los teléfonos celulares de varios actores famosos habían sido interceptados por una de las joyas de la corona del imperio Murdock, el tabloide amarillo News of the World, la reacción fue, en el mejor de los casos, de total indiferencia. Después de todo, se trataba de millonarios pueriles para quienes la publicidad es una especie adicción incurable, gente que luce sus intimidades en público de la manera más impúdica, y que sólo recurre a la privacidad cuando le conviene.
Cuando se supo que lo mismo ocurrió con varios políticos en 2010, el público se encogió de hombros. Después de todo, se trataba de gente que, de manera alegre e irresponsable, hacía lo que quería con el dinero del contribuyente. En 2009, el diario Daily Telegraph había puesto en evidencia una vasta cultura de engaños financieros, mediante los cuales varios diputados y lores, de todas las tiendas políticas, cobraban por hipotecas ya pagadas, refugios para aves y limpieza de jardines. Algunos cobraban gastos de alquiler por pisos inexistentes. Un diputado, el conservador Derek Conway, por ejemplo, cobró por un sueldo pagado a su hijo como “investigador”. El problema es que el cargo de marras no existía, el hijo del legislador no pisó nunca el parlamento, y el mismo admitió que su vida era una sucesión de fiestas extravagantes, nada más. Algunos de esos diputados corruptos no solo perdieron el escaño sino que ahora purgan penas de cárcel por fraude. De manera tal que difícilmente el pueblo llano se iba a trasladar a las barricadas para defender la privacidad de unos diputados que hacían lo que les daba la gana con el tesoro público.
En realidad, todo había comenzado en 2006 con una historia relativamente inocua: los teléfonos de varios miembros menores de la realeza británica habían sido interceptados. Como resultado de esta intervención, News of the World publicó la “noticia” de una leve lesión en la rodilla sufrida por el príncipe Guillermo. Como consecuencia de esta intervención ilegal, dos personas: el detective privado Glenn Mulcaire, contratado por News of the World, y el reportero de temas reales del tabloide, Clive Goodman, terminaron con sus huesos en la cárcel en 2007. Parecía que el tema quedaba cerrado. La recesión y las elecciones de 2010 cubrieron con un manto protector las prácticas dudosas del tabloide de Murdoch. Pero se trató en realidad de una calma chicha con un baúl lleno de fantasmas, que han terminado saliendo de su cautiverio de manera despiadada.
Ahora no se trata de actores vacuos o políticos desprestigiados. El diario The Guardian publicó un artículo según el cual el celular de la niña Milly Dowler había sido intervenido. Dowler no se hizo famosa como consecuencia de algún escándalo público, sino porque fue cruelmente asesinada en 2002 por un violador llamado Levi Bellfield, que ahora se pudre en la cárcel por la muerte de Milly y otras dos mujeres. Hace unas semanas, los padres de la niña muerta fueron sometidos a un interrogatorio cruel e innecesario por parte de la defensa de Bellfield, como si ellos estuvieran en el banquillo de los acusados. Esto dio lugar a un debate sobre los extremos a los que puede llegar la defensa de un acusado para desprestigiar las acusaciones de la fiscalía. Resulta ahora que Mulcaire tuvo acceso a los mensajes de voz del celular de Milly Dowler, en los que familiares y amigos la llamaban de manera desesperada cuando se pensaba que sólo estaba perdida. Mulcaire llegó al extremo de borrar mensajes, cuando el buzón estaba lleno, para permitir la llegada de unos nuevos. Esto hizo pensar a los padres de Milly que la niña estaba viva, porque era imposible concebir que alguien que no fuera ella había borrado dichos recados. Milly ya estaba muerta cuando esa manipulación salvaje ocurrió. En esa misma época, los padres de la niña le dieron a News of the World una entrevista conmovedora en la que mostraban su esperanza de que la hija pródiga aún estuviera viva.
Lo más reciente de esta bola de nieve que amenaza con sepultar el poco prestigio que le queda al periodismo británico, es la posibilidad de que los celulares de varios de los familiares de las víctimas de los atentados terroristas del 7 de julio de 2005 en Londres también hayan sido intervenidos. Y esta semana se supo que la policía ha recibido copias de correos electrónicos en los cuales el antiguo editor de News of the World, Andrew Coulson, habría autorizado pagos a la policía a cambio de información. Por su parte, la policía se ha puesto en contacto con los padres de las niñas Holly Wells y Jessica Chapman, que fueron asesinadas hace nueve años, debido a que existe la posibilidad de que sus teléfonos también fueron intervenidos.
Coulson era, además, editor del tabloide cuando algunas de las intervenciones telefónicas ocurrieron, pero siempre ha sostenido que él desconocía esas prácticas. Coulson fue nombrado jefe de prensa de David Cameron cuando este se convirtió en primer ministro, pero aún cuando insistió en que nos sabía nada de las prácticas dudosas de Mulcaire, tuvo que renunciar al cargo “para limpiar su nombre”.
Otra protagonista de esta historia sórdida es Rebekah Brooks, editora de News of the World cuando se intervino el teléfono de Milly Dowler. No es primera vez que esta pelirroja indómita se ubica, sola, en el centro de la tormenta. Allá por 2003, cuando se llamaba Rebekah Wade, la confidente de Rupert Murdock compareció ante un comité del parlamento británico, y muy suelta de huesos admitió, ante la sorpresa de los asistentes, que en efecto su empresa había entregado dinero a la policía a cambio de información. Consciente de su torpeza, negó posteriormente que supiera de algún caso concreto. Brooks es hoy gerente ejecutiva de News International, la empresa de Murdoch. Su primera reacción ante las denuncias de su presunta participación en el caso de Milly Dowler ha sido de estupor: dice que le habría resultado imposible saber sobre esa interferencia en la vida segada de esa niña inocente, y que está escandalizada. . Ahora resulta que Brooks, o Wade, estaba de vacaciones cuando se produjo la violación de la privacidad de Milly Dowler y la familia de Holly Wells y Jessica Chapman.
Como suele ocurrir en este tipo de tragedias, estas suelen venir acompañadas con una cierta dosis de ironía. Cuando Brooks era editora de News of the World, armó una campaña destinada a hacer públicos los nombres de pederastas incluidos en el registro policial de delitos sexuales. La policía trató, en vano, de convencerla de que ese tipo de cruzadas eran contraproducentes, debido a que obligan a los pederastas a esconderse por temor a ser atacados, lo que hace imposible su vigilancia y posibilita que vuelvan a delinquir con total impunidad. Brooks no hizo caso. Y mientras la periodista agitaba la espada flamígera de la rectitud con su campaña mediática, uno de sus empleados intervenía el celular de la víctima mortal de un asesino sexual en serie. Es cierto que no hay indicios de que Rebekah Brooks supiera lo que Glenn Mulcaire perpetraba, pero las dudas están sobrevolando la oficina refrigerada de una mujer cuya falta de escrúpulos ha sido puesta en evidencia en más de una ocasión, con su defensa cerrada de un estilo de hacer periodismo que dista mucho de la necesidad vital de informar.
En el debate de emergencia que se realizó en la Cámara de los Comunes este 6 de julio, el primer ministro David Cameron prometió una investigación independiente, apenas acaben las pesquisas policiales, algo a lo que el líder del laborismo opositor, Ed Milliband, se opone, por considerar que aquella se debe realizar de inmediato.
Todo esto crea un problema político para el gobierno. En el Reino Unido hay la creencia extendida de que ningún partido puede ganar las elecciones sin el apoyo de Rupert Murdoch. Aunque no hay estadísticas que nos digan de manera matemática cuántos votos aporta el apoyo de la prensa de Murdoch (The Sun, News of the World, The Times, Sky News) al caudal del ganador, lo cierto es que desde la época de Margaret Thatcher, que es cuando el poderío mediático de Murdoch se consolidó en el Reino Unido, el partido apoyado por él ha resultado vencedor. Ocurrió con John Major, Tony Blair y David Cameron. Además, Cameron es amigo personal de Rebekah Brooks, sus familias han compartido más de una velada íntima, y Andrew Coulson es considerado uno de los gestores del triunfo relativo del líder conservador en las elecciones de mayo de 2010. Ahora cabe preguntarse qué tan lejos estará Cameron dispuesto a permitir que la investigación prometida llegue, en un caso que afecta a uno de los pilares mediáticos de su gobierno y su partido.
El gobierno tiene, además, otro dolor de cabeza. Hace unos meses, News Corporation, dueño de News International, presentó una solicitud para que se le permitiera aumentar el número de acciones que tiene en la cadena de televisión por satélite, BSkyB, un incremento que le permitiría convertirse en socio mayoritario de la empresa. De esta manera, Murdoch aumentaría de manera considerable la influencia que ya ejerce en los medios de comunicación británicos. Antes de que estallara el escándalo, el Ministro de Cultura, Jeremy Hunt, decidió entregar el poder de decidir este pedido a Ofcom, el organismo independiente que regula los monopolios mediáticos, entre otras cosas. Ofcom tiene la obligación de decidir si una empresa es apta para obtener tanto control sobre un medio de comunicación. A la luz de los hechos recientes, Ofcom está en una posición muy difícil. Resulta difícil concebir que en la coyuntura actual, Ofcom le dé a Murdoch el poder que está exigiendo ejercer.
En todo caso, las primeras consecuencias de los hechos recientes están empezando a sentirse en el bolsillo del tabloide más exitoso del corral de Rupert Murdoch: la Ford ha decidido retirar sus avisos publicitarios, y otros contribuyentes comerciales están considerando hacer lo mismo, mientras dure la investigación prometida por News International. La gente de las empresas que ponen avisos en la prensa de Murdoch, que quiere proyectar una imagen popular de sus productos, no parece estar dispuesta a dejar que su perfil benévolo, cultivado durante décadas de relaciones públicas, termine arruinado por una escándalo que amenaza con crecer.
En un mundo mediático de exigencias insomnes, que necesita estar alerta las 24 horas del día y los siete días de la semana, donde la competencia es feroz y los métodos groseros, los medios de comunicación diarios británicos parecen estar dispuestos a cruzar fronteras que antes estaban prohibidas.
En su “disculpa” pública por el descubrimiento del caso del celular de Milly Dowler, Glenn Mulcaire dijo que la presión para producir resultados era inmensa. Pero aún cuando dicha presión es real, la ligereza con que los periodistas de los tabloides toman la ruptura de normas éticas es para no creerlo. En una entrevista en el programa de análisis noticioso de la BBC Newsnight, el ex-redactor de News of the World, Paul McMullan, sostuvo que la intercepción telefónica de Milly Dowler “no era gran cosa”. McMullan reveló que si un redactor no había producido un número considerable de titulares al finalizar el año, perdía el empleo. El cancerbero del programa, Jeremy Paxman, contraatacó: “¿Me estás diciendo que no se trató de una invasión en la vida privada (de la familia), qué no crees que se trató de una posible violación de la ley, una posible obstrucción de la investigación policial, que causó congoja a los familiares (de Milly Dowler), todo eso?” Paul McMullan contestó, muy fríamente que “el error que cometió (Mulcaire) fue borrar mensajes, y eso fue espantoso”, porque hizo creer que la niña aún estaba viva. Preguntado si él era capaz de hacer lo que Mulcaire hizo, McMullin titubeó y dijo que no podía ignorar una buena información, independiente de la forma en que esta fue obtenida. Sí pero no.
Este escándalo, de proporciones gigantescas, también ha puesto en el tapete el viejo debate del interés público.
El caso de las irregularidades financieras de algunos diputados es sintomático. Aquí se trata de representantes de la voluntad popular, cuyo sueldo se lo deben al elector, y que han decidido usar el dinero del contribuyente para enriquecerse de manera ilícita. El Daily Telegraph, que publicó, en varias entregas, los nombres y detalles de las irregularidades, obtuvo la información a través de un empleado de la Cámara de los Comunes, asqueado por los abusos cometidos con el erario público. Nadie, a excepción de algunos diputados asustados, cuestionó los métodos usados para obtener la información, debido a que se trataba de gente cuya labor y salarios pertenecen a la sociedad en su conjunto.
El caso de la interferencia en la privacidad de la familia real es un tanto diferente. Se puede argumentar que lo que ocurre en los palacios reales afecta a todos, debido a que se trata de un miembro de la monarquía que está tercero en la lista de sucesión al trono. Por consiguiente estamos hablando, en teoría, del interés público. Pero difícilmente se puede decir que unos meniscos inflamados van a tener algún tipo de consecuencia de orden constitucional en la corte de San Jaime. El interés mórbido que despiertan las andanzas de los Windsor, las borracheras de Harry y su tendencia a disfrazarse de nazi para divertirse, los comentarios racistas del príncipe Felipe, y los intentos de la exiliada Fergie, la esposa divorciada del príncipe Andrés, por pagar sus deudas vendiendo favores reales a jeques millonarios, son carne de cañón para los tabloides, que alimentan sus arcas con la voracidad de un público hambriento de banalidades cortesanas. La frontera que separa lo ético de lo interesante ha sido violada, por un lado, por la rapacidad de un lector que necesita saber que los millonarios regentes del reino también tienen defectos, que son capaces de hacer estupideces como el común de los mortales, y por el otro, por la gula monetaria de una industria de tabloides que parece vivir en un mundo donde la vergüenza ha sido abolida para dar paso a la impunidad.
Por otro lado, la autorregulación vigente en el Reino Unido se ha convertido en un chiste de mal gusto. En este país, los medios se regulan a sí mismos mediante la llamada Comisión de Quejas de la Prensa (PCC, siglas en inglés). Se trata de un comité en el que participan representantes de todos los medios de comunicación (con excepción de la BBC, que tiene su propia regulación), mezclados con personajes independientes. El objetivo es recibir quejas que son investigadas por un comité ad hoc. Si se concluye que un medio de comunicación ha violado el código de conducta de la PCC, se le pide que se rectifique. Pero la comisión no tiene poder para imponer sanciones u obligar a un medio a disculparse públicamente. La PCC se ha convertido en un dinosaurio desdentado, que se especializa en publicar informes inocuos y veredictos pasados por agua, pero que ha fracasado en su tarea de detener los excesos y abusos de los tabloides. Nadie en su sano juicio quiere regulación estatal, pues la libertad de expresión es un auto de fe en el Reino Unido, como debe ser, pero hay quienes consideran que la PCC no está cumpliendo la misión que se le encomendó cuando fue creada en 1990. La actual presidenta de la PCC, la baronesa Buscombe se defendió argumentando que ella no tiene la culpa de que News of the World le haya mentido. Se trata de una excusa que sería divertida sino fuera trágica.
El interés público, que es un concepto vital en la práctica periodística, tiene que ser el punto de referencia que determine el método usado para obtener la información; pero cuando dicho interés se convierte en una coartada deshonesta para vender diarios, entonces se han violado normas básicas de la ética profesional. Las primeras reacciones del imperio Murdoch han sido decepcionantes. News International insiste en que Rebekah Brooks no va a renunciar a su bien remunerado puesto, subrayando que ella presidirá la limpieza del establo. El gato de despensero.
La prensa británica está en una encrucijada. Tiene dos caminos: el de la autocomplacencia o el de la reforma. Hoy la prensa de este país se está mirando en el espejo, y la imagen que le devuelve es fea, está llena de pústulas. Quizá este escándalo será lo que los británicos llaman “a blessing in disguise” (una bendición disfrazada), una historia desafortunada e innoble que va a permitir corregir rumbos para volver a la ética de antaño. Con o sin Rupert Murdoch.
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